miércoles, 30 de julio de 2008

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EL 90% DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA SE TRIANGULARON VÍA PARAÍSOS FISCALES”

En el marco de una avanzada del Gobierno sobre las operaciones de los exportadores de cereales y oleaginosas, en un capítulo que bien podría ser bautizado “sojagate”, la Dirección General de Aduana (DGA) avanza a paso firme en una investigación por posible defraudación multimillonaria a la AFIP.

En este contexto, prácticamente todo el universo de las grandes empresas exportadoras de soja y subproductos está bajo la lupa, sospechadas por subfacturación, luego de que la Aduana detectara que casi el 90% de las exportaciones fueron facturadas a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales.

En diálogo con infobaeprofesional.com, la directora de la Aduana, Silvina Tirabassi, confirmó en exclusiva que “hemos detectado que, en el caso del poroto de soja, durante 2007 el 90% de las exportaciones se han triangulado hacia paraísos fiscales, como Mónaco, Islas Vírgenes e Islas Caimán”.

Paralelamente, la Aduana estableció que en el caso del aceite de soja a granel –que tiene precio oficial- el 86% también fue facturado a paraísos fiscales.

Por su parte, en el 80% de las exportaciones de harina de soja se utilizó esta modalidad.

Escándalo millonario

De este modo, se abre un capítulo inédito en la batalla que lidera el Gobierno por transparentar el mercado de granos que podría derivar en una disputa multimillonaria sin precedentes con las grandes empresas y multinacionales responsables de enviar commodities agrícolas al mundo.

En concreto, lo que está investigando el Estado es el precio efectivamente pactado con el comprador, cuál fue el ingreso de divisas en función de esos precios, cuánto quedó en los paraísos fiscales y sobre qué precios los exportadores pagaron retenciones.

Estamos analizando si hubo una segunda factura de exportación que demuestre que hubo efectivamente otro precio y no el declarado a la Aduana. Esta es una de las hipótesis que estamos manejando”, detalló Tirabassi.

Una telaraña de información

En este contexto, la Aduana trabaja en un complejo cruzamiento de datos públicos y privados, tanto en el plano local como internacional, para detectar si esta triangulación provocó una defraudación al fisco.

Al respecto, la funcionaria explicó que “los exportadores que han facturado a paraísos fiscales ya fueron intimados a que nos presenten contratos, facturas y toda prueba que nos permita avanzar en la investigación”.

Paralelamente, la DGA está trabajando palmo a palmo con las delegaciones de Rosario, La Plata, Campana y Bahía Blanca; con el Banco Central (BCRA) y con un gran número de aduanas de Europa.

A raíz de este despliegue, la funcionaria destacó que, en lo que va del año, “hemos notado que Mónaco e Islas Caimán fueron reemplazados por lugares como Alemania, donde nos es más fácil obtener la información”.

De este modo, Tirabassi confirmó que el mecanismo de triangulación, aún con cambios, se utilizó durante 2008.

En este contexto, aseguró que los próximos días serán claves ya que “vamos a recibir la información sobre los precios efectivamente pagados”.

De la “sojización” al “sojagate”

El sojero es el principal complejo exportador del país. Durante 2007 se realizaron ventas al mundo por u$s13.600 M, un 170% más que en 2002.

Por otra parte, la venta de esta oleaginosa y subproductos ya representan casi 25% de las exportaciones totales argentinas, muy por encima del 19,6% registrado seis años atrás.

La hipótesis oficial

Según Tirabassi, la posible razón de la utilización de este sistema radica en los beneficios que implicaría para los exportadores obtener un precio distinto al realmente pactado y recibir la diferencia en un país de baja o nula tributación.

Sucede que, si un exportador factura a un paraíso fiscal por u$s300 pero efectivamente vende a u$s400 o u$s500 por tonelada, los u$s100 o u$s200 de diferencia quedan en ese territorio "con la posterior factura por la carga que le hace la empresa del país de destino real".

“En caso de que se detecten precios que no son los correctos, lo que hay que modificar es la base imponible, no la alícuota sobre la que se aplican las retenciones”, explicó.

En otras palabras, el Estado volverá a calcular los precios FOB sobre los cuales se determinan los derechos de exportación.

Retenciones retroactivas, el otro frente de conflicto

Paralelamente, la Aduana, junto con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), trabajan en pos de recuperar una cifra que podría superar los u$s1.800 M en concepto de retenciones mal liquidadas que actualmente está en manos de las cerealeras y exportadores de granos.

El jueves pasado, la ONCCA hizo pública la resolución donde informa que unas 56 empresas presentaron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por un total de 24 millones de toneladas y que no contaban con el respaldo de los granos.

En la lista de exportadores fiscalizados están la mayoría de las grandes de empresas granos del país, como Cargill, Nidera, Vicentín, Bunge y Aceitera General Deheza, entre otras.

Ahora, en base a la Ley 26.351 –más famosa como la ley Martínez Raymonda- que exige el pago de los nuevos derechos de exportación cuando la empresa no tenga la mercadería en su poder en el mercado interno, el Gobierno sale a exigir, de manera retroactiva, una multimillonaria cifra que hizo temblar a los mercados. En este contexto, Tirabassi firmó la Nota Externa 47/2008 que establece un mecanismo para definir la alícuota de retención que se cobrará a los embarques de granos que la ONCCA informó no cumplen con lo estipulado por la Ley 26.351.

La normativa de Aduana establece que, una vez comprobada la fecha de embarque, se aplicará la alícuota de retenciones de dicho día. Como contrapartida, cuando el exportador no pueda demostrar la fecha en que se perfeccionó el Contrato de Compraventa, la base imponible aplicable será el Precio FOB Oficial vigente a la fecha en que fue realizado el embarque.

De este modo, los u$s1.800 M que hoy se discuten podrían crecer exponencialmente, dado el boom de precios de las commodities.

Sin embargo, desde el lado de los exportadores argumentan que esta nota externa va en contra de la ley Martínez Raymonda, ya que cuando fue discutida en el Senado, Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza promovió una reforma para que la actualización sea sólo en base a la alícuota y no sobre el valor.

Sobre este punto, Tirabassi se mantuvo firme: “la postura de la Aduana es que tenemos que aplicar la ley. A medida que nosotros avancemos en determinar cuáles fueron los elementos que rodearon a todas estas exportaciones, vamos a poder establecer si efectivamente esa concentración de Declaraciones Juradas en los meses de octubre y noviembre se debió a que buscaban congelar la base imponible para aplicar las alícuotas o para evadir o eludir las mayores alícuotas que les correspondían”.

Este lunes, el titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, había apuntado contra las empresas que preparan recursos legales para evitar el pago. Las cerealeras “deben superar la pereza intelectual y no buscar reinterpretaciones a una ley. El texto es claro y debe respetarse, tal como se respetan todos los mandatos de los poderes constitucionales”, fue contundente el funcionario.

“Éstas firmas deben asumir el riesgo de la especulación y el fracaso de sus maniobras elusivas. Es de una excesiva voracidad querer trasladar a los productores las obligaciones tributarias que la ley les impuso”, concluyó el funcionario.

Juan Diego Wasilevsky

(c) infobaeprofesional.com

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