CLARIN

BASEOTTO OMITIDO

El cuestionado Clarín se ve obligado a reflotar viejas notas para salvar algo de su imagen y así lo hace ahora con el robo de bebés en Añatuya, una nota de hace 3 años, pero, al mejor estilo Clarín, esta vez omiten prolijamente a moseñor Baseotto, implicado en el hecho. ¿ Hasta dónde se puede caer ? ¿ cuán bajo ?

Un pueblo bajo sospecha

Un pueblo bajo sospecha: investigan una red de tráfico de bebés en Santiago del Estero 

Es en Añatuya. En una causa penal se denunciaron a funcionarios judiciales, médicos, empleados del Registro Civil y hasta al ex obispo local, monseñor Antonio Baseotto, por sustracción de recién nacidos. 

Silvina Heguy. SANTIAGO DEL ESTERO. ENVIADA ESPECIAL 

sheguy@clarin.com

Yolanda Vázquez tuvo seis hijos, pero de tres no sabe nada. En la Justicia de Menores de Santiago del Estero consta que Miguel Angel y Noemí Susana fueron entregados en adopción plena a una familia de Lomas de Zamora. De Juan Nicolás le contaron que murió por desnutrición. Yolanda Vázquez tiene seis hijos y sospechas. Asegura que no firmó los papeles para entregar a dos de ellos, requisito indispensable para el trámite de adopción, y que le dijeron que el más chico no está muerto. Yolanda Vázquez no tiene tumba para llevarle flores a su hijo y tampoco sabe cómo se levantaron hoy, domingo, los otros dos adoptados irregularmente. Ellos tampoco sabrán nunca cuál es su verdadera identidad, un derecho que la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan.

Yolanda Vázquez vive en una casa de ladrillo con un pozo de agua desmoronado a mitad de su patio en el pueblo de Añatuya, a casi 200 kilómetros de la capital santiagueña. Su historia aparece en un expediente que fue abierto de oficio por una fiscal hace tres meses y es parte de una trama de denuncias y acusaciones cruzadas que incluyen a funcionarios, médicos, parteras, un ex obispo y a monjas y que deja a un pueblo, Añatuya, bajo sospecha.

Desde la Fundación Adoptar, su presidente Julio Ruiz asegura que durante los últimos diez años, en esta zona de Santiago del Estero con más de la mitad de su población bajo el nivel de pobreza, hubo 10.000 bebés entregados irregularmente. Su cálculo se basa en que existe una gran cantidad de partos sin registrar y una red que se ocupa de contactar a las mujeres embarazadas para que, por poca plata, entreguen a sus bebés. "A veces es una casa de un ambiente de ladrillos y otras, apenas 50 pesos". En cambio, los intermediarios cobrarían por "el servicio" entre 5.000 pesos y 20.000 euros, según se traten de parejas argentinas o extranjeras. También, Ruiz denuncia que en la zona trabajan varias redes delictivas; que en los hoteles hay partos clandestinos y que, además, a las mujeres se les paga 300 pesos por mes mientras dure su embarazo. "Las mensualeras" garantizan que los bebés estén sanos.

Frente a la Justicia, Adoptar identificó a una red que involucra a parteros, médicos, monjas, un ex funcionario judicial y al ex obispo de Añatuya, Antonio Baseotto, quien hizo saber a Clarín que no hablará del tema. Ahora, esta ONG prepara una denuncia para presentar en la OEA sobre supresión de identidad.

Mientras tanto, una delegación del Ministerio de Justicia de la Nación viajó el martes pasado a Santiago del Estero. Se contactó con el gobernador, Gerardo Zamora, y el juez penal que lleva la causa, Alvaro Mansilla. A la vuelta, Victoria Martínez, la directora del área que se ocupa de la problemática del tráfico de bebés, explicó a Clarín: "No sólo recibimos denuncias de tráfico de bebés en Santiago. Hay también de Misiones y de Corrientes. Más allá de las denuncias puntuales —que pueden terminar siendo un problema para las víctimas que van a la Justicia— hay que trabajar seriamente para terminar con esta situación en todo el país. Es una política de Estado".

Para la funcionaria, lo fundamental es lograr que se apruebe una ley federal que castigue al delito y también se debe "entender que los chicos tienen derecho a conocer su familia de origen". Por eso, la semana pasada hubo un taller para explicar este derecho: fueron 300 santiagueños. 

El Hospital Zonal de Añatuya es un edificio bajo que ocupa un predio casi al borde del pueblo de 12.000 habitantes y no más de diez cuadras de ancho. Registra 104 partos mensuales y su zona de influencia se extiende en 68.000 kilómetros cuadrados de montes y caseríos aislados. 

Era casi el mediodía del viernes 5 de mayo pasado y en los pasillos esperan cientos de mujeres. Muchas aferradas a sus bebés. Mariela tiene 25 años y 18 horas atrás estaba en la sala de partos: esperaba que la pediatra atendiera a su hija recién nacida. "No la dejé nunca solita, a ver si me la cambian". Sucede que las sospechas cuando no se investigan manchan a todos: "Mi hija tuvo en el pasillo de entrada, no llegó a la sala. Yo estaba desesperada, seguía al bebé, tenía miedo que me lo cambien", contaba Elda Ramírez (56). 

Norma Ceja asumió hace más de un año la dirección del hospital, pero hace 10 que trabaja como médica allí. Asegura: "Nunca he visto que se haya vendido un bebé". Ceja está vestida con un traje que —cuenta— casi nunca usa. Pero es un viernes distinto: pegado a la sala de Maternidad, se inaugura un Registro Civil. Su función sería terminar con la cantidad de chicos indocumentados y también ayudaría a imposibilitar que parejas de afuera anoten como propios, hijos ajenos. 

"Recién ahora no tenemos miedo a denunciar. ¿Quién iba a hacerlo cuando gobernaba (Carlos) Juárez?", se pregunta Silvio Sosa, un hombre de 59 años y quien acusó directamente al ex obispo de Añatuya, Monseñor Baseotto —desde el 2002 vicario castrense—, de no haber ayudado a investigar su denuncia sobre una monja que "cambió mi hijo recién nacido por uno muerto" (Ver "En el libro..."). 

Las acusaciones por supuestas adopciones ilegales llegan cerca de Baseotto. A su chofer, Bernardo Jara, lo denunció su hija María Angela por supresión de identidad. La anotó como hija biológica, pero es adoptada. Frente al juez, Jara —según constató Clarín— aceptó su culpa, pero "el delito prescribió", se defendió. La chica de 23 años sólo quiere saber quiénes son sus padres.

María Roberta Gerez, en cambio, sólo quiere salir de la cárcel. Está detenida por prostitución y corrupción de menores. Cayó presa al poco tiempo que denunciara que una de sus hijas la tendría una hermana de Baseotto. La Justicia aún no determinó si la denuncia es cierta.

COLABORO: Julio Rodríguez